Fundamentos

En este marco, la memoria no puede ser un ejercicio aislado ni meramente evocativo: es una disputa activa por el sentido que se inscribe en el presente y en las condiciones concretas de vida, atravesadas por profundas desigualdades sociales, económicas y culturales. Hablar hoy de derechos humanos implica asumir una perspectiva integral que no solo remite a las violaciones cometidas durante la última dictadura, sino también al acceso efectivo a derechos como la educación, el trabajo, la vivienda y la participación política. La memoria, entonces, se enlaza con las luchas actuales por una vida digna y por la ampliación de derechos en contextos donde amplios sectores ven vulneradas sus posibilidades materiales y simbólicas. En ese escenario, asistimos a una ofensiva que pone en duda consensos que parecían relativamente saldados: el número de los 30.000/30.400 desaparecidxs, la magnitud del terrorismo de Estado y el valor de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia sostenidas históricamente por organismos de Derechos Humanos. En un contexto donde los grandes medios y las redes sociales modelan percepciones y sentidos comunes, reaparecen narrativas negacionistas y reivindicacionistas que buscan relativizar responsabilidades y deslegitimar conquistas democráticas. Disputar la memoria es, en definitiva, disputar la construcción misma de la realidad y afirmar, desde el presente, un compromiso activo con los derechos humanos y la democracia.

Por eso, una agenda anual común y colectiva debe proponerse fortalecer los valores históricos del movimiento de derechos humanos: memoria, verdad y justicia. La memoria, para que aquella historia macabra no vuelva a ocurrir y porque hoy parte de la sociedad duda incluso de que las desapariciones hayan ocurrido; la verdad, porque se intenta instalar versiones que equiparan responsabilidades o diluyen el carácter sistemático del terrorismo de Estado; la justicia, porque aún existen responsables que gozan de privilegios o de la libertad hasta sin juzgamiento. En un presente atravesado por el negacionismo y reinvindicacionismo, discursos de odio y desesperanza, resignificar esas banderas es fundamental, especialmente en un momento histórico en el que el Estado lleva adelante políticas de desmantelamiento de los derechos humanos. Estas acciones se expresan en el cierre o desfinanciamiento de espacios de memoria y en decisiones que obstaculizan o detienen los juicios por delitos de lesa humanidad, afectando conquistas que fueron fruto de décadas de lucha colectiva. Frente a este escenario, sostener y actualizar el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia no es solo un acto de evocación del pasado, sino una intervención activa en defensa de la democracia y de los derechos en el presente.

El desafío es, además, intergeneracional. A 50 años del golpe de 1976, la memoria de ese día quedó fuertemente anclada en quienes lo vivieron. Hoy necesitamos reconstruirla junto a las nuevas generaciones, no como herencia cerrada sino como proceso vivo. Incorporar a jóvenes, estudiantes, ingresantes, comunicadores, implica también aceptar sus lenguajes y formas de expresión. Las redes sociales, los formatos audiovisuales, los espacios abiertos de diálogo son territorios donde hoy se milita y se construyen sentidos. Si antes hubo imprentas clandestinas y panfletos, hoy las disputas también se dan en Instagram, TikTok o WhatsApp. La pregunta no es si debemos estar ahí, sino cómo lo hacemos con creatividad y profundidad.

En esa línea, el 24 de marzo no puede convertirse en una fecha más del calendario.

Asimismo, recuperar historias locales y memorias relegadas —como las de las disidencias sexuales o las experiencias que no encajaron en relatos hegemónicos— amplía y fortalece la lucha por los derechos humanos, incorporando miradas interculturales y críticas de las desigualdades persistentes. Lo mismo ocurre con la dimensión intercultural: más de 500 años de matriz colonial siguen marcando nuestras instituciones y prácticas.

Resignificar el presente también implica recuperar figuras y legados que nos interpelan hoy. Recordar que Mauricio Amilcar López es el único rector universitario desaparecido por la dictadura no es un dato menor: es una invitación a preguntarnos qué Universidad queremos, qué compromiso público sostenemos y qué sueños quedaron truncos. En enero de 2027 se cumplirán 50 años de su desaparición: una fecha que puede articular actividades con ingresantes y con la comunidad, para que ese nombre no sea solo una madera en la explanada, sino una historia viva.

También es necesario pensar la memoria en clave de presente: el endeudamiento estructural, las continuidades de ciertas matrices económicas y políticas, las desigualdades persistentes. La historia no es un museo; es una herramienta para comprender por qué determinadas lógicas se repiten y cómo pueden transformarse. Ganamos la democracia, pero muchas veces sentimos que perdimos los sueños. Recuperar la memoria es también recuperar la capacidad de imaginar utopías, de volver a cargar de contenido palabras que han sido vaciadas.

En definitiva, una agenda anual común sobre memoria debe proponerse grandes objetivos: construir comunidad frente al individualismo; disputar narrativas negacionistas y reinvindicacionistas por aquellas centradas en la MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA en el espacio público y digital; y promover una conciencia histórica intergeneracional e intercultural. No se trata solo de recordar el pasado, sino de reconstruir sentidos para la vida en común. Mientras el patriarcado, el colonialismo y las desigualdades sigan vigentes, la discusión por la memoria seguirá abierta. La tarea es profundizarla, ampliarla y sembrarla, para que no sea una conmemoración aislada, sino una práctica cotidiana que nos permita construir una historia distinta.